El proyecto de Ley de Greenwashig, incluido en el boletín legislativo 15044-12 ha quedado listo para ser aprobado por el Senado de Chile. Se trata de una iniciativa que busca regular, prevenir y sancionar una práctica empresarial que se hace pasar por sustentable sin que lo sea. El texto legal refiere que las empresas que efectúen publicidad de sustentabilidad deberán entregar “información completa, veraz, verificable y precisa” y no podrán “omitir antecedentes relevantes que puedan inducir al error”.
En ese sentido, Paola Yañez, Especialista Economía Circular de SGS, nos explica cómo impactará el proyecto sobre Greenwashing en las empresas:
Existen riesgos legales que pueden incluir sanciones y multas. Riesgos de reputación de cara a los clientes, consumidores, inversores y otros actores claves; y riesgos financieros a causa de un mal desempeño ESG que puede terminar en un resultado contraproducente dentro la cultura organizacional y la percepción de la empresa, explica.
Asimismo, también se busca empoderar al consumidor en la toma de decisiones. El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) da detalles sobre las prácticas de marketing que inducen a la confusión. Entre ellas, figura utilizar imágenes sugerentes como hojitas en el producto, palabras y frases ambiguas como ‘natural’, ‘ecológico’ y ‘verde’, así como frases como ‘el mejor de...’ o ‘el menor de los males...’, que no son relevantes si es que no se trasparenta el impacto que tiene el producto en la salud.
Por lo que, según detalla Yañez, las empresas tendrán que centrar sus esfuerzos en materias específicas. “Se deberá diseñar hojas de rutas que incluyan gestionar proyectos con aspectos ESG, medir, verificar y transparentar la información sobre prácticas ambientales, estudiar las definiciones de lo que se considera ‘publicidad engañosa’ e involucrar a diferentes departamentos de la empresa”.
Así, las áreas de comunicaciones de las empresas deberán asegura que las afirmaciones de sostenibilidad sean veraces; el área de legal y compliance tendrá el rol de asesorar a la empresa sobre cómo cumplir la ley y evitar prácticas engañosas; al área de sostenibilidad corporativa tendrá que monitorear y evaluar las acciones para garantizar que estén alineadas con las afirmaciones de sostenibilidad de la estrategia; los equipos de calidad, legal, recursos humanos, integridad operacional y abastecimiento deben proporcionar datos sobre prácticas ESG reales y; por último el directorio y comité de sostenibilidad debe respaldar y promover la transparencia e información dentro de los límites entre las oportunidades y el riesgo para el negocio.
Yañez detalla los desafíos del mundo corporativo tomando como base la experiencia en la Unión Europea. “El reto es que las empresas aborden la temática de manera integral, que la Ley y los reglamentos eliminen la ambigüedad en la definición y el alcance de ‘publicidad engañosa’; que haya una toma de conciencia por parte de las empresas y consumidores; y que se identifiquen las herramientas y estándares adecuados para publicitar la sostenibilidad, así como los canales de denuncia para mejorar la fiscalización y el cumplimiento de las sentencias”.
“No hay nada que nos indique que Chile estaría lejos de enfrentar estos mismos desafíos de cara a operativizar la Ley de Greenwashing”, dice Yañez.
En caso de infracciones por parte de las empresas, el proyecto de Ley establece multas por 4.500 unidades tributarias mensuales (UTM); y 9.000 mil UTM, según el artículo que se contravenga. Además, las sentencias impuestas por infracciones a esta Ley deberán publicitarse en el Sistema Nacional de Información Ambiental.
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